Las parejas del mismo sexo en México han, efectivamente, tenido la libertad de casarse desde junio 2015, aunque algunos Estados siguen interponiendo algunos obstáculos e inconvenientes.

En 18 de los 31 Estados (y en la capital federal, Ciudad de México), el derecho a casarse está garantizado y pueden acceder a sus derechos inmediatamente. En los otros 13 Estados, las parejas deben obtener un amparo de un juez federal, que puede ser un proceso prohibitivamente caro y oneroso en términos del tiempo requerido; el juez también puede negar la concesión del amparo.

Los requerimientos sobre los jueces provienen de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró que la prohibición contra el matrimonio igualitario era inconstitucional. La SCJN carece del poder de abrogar directamente todas las prohibiciones estatales, por lo que sólo puede actuar en situaciones específicas.

Los matrimonios entre parejas del mismo sexo que se celebran en México son reconocidos por los 31 Estados sin excepción, y los derechos fundamentales que se asocian a él también aplican en todo el país, incluyendo derechos de herencia, cobertura del seguro social, entre otros.

El 10 de enero de 2017, el legislativo aprobó el derecho a la unión civil para las parejas del mismo sexo, con 68 votos a favor y solamente 11 en contra.